En este gráfico se puede observar la desinformación sobre esta ley que hay en la población. Los datos obtenidos para realizar este gráfico son de una encuesta que hemos realizado a través de internet.

 

Desde el inicio de la democracia la educación española ha sufrido grandes cambios, como dan cuenta de ello las ocho leyes educativas que han sido aprobadas hasta el momento. La primera ley educativa fue la LGE de 1970, aprobada en el tardofranquismo, que establecía una enseñanza obligatoria hasta los 14 años, seguida de la LOECE en 1980 con el gobierno de Adolfo Suárez y de la LODE cinco años más tarde, que incorporó el sistema de colegios concertados. En 1990, la LOPEG, más conocida como la Ley Pertierra, nació con la oposición del profesorado ya que abría la puerta a la privatización de la enseñanza pública. Más tarde, se creó la LOCE, promulgada por el PP en 2002, que prometía mejorar la educación española pero nunca llegó a aplicarse. Por último, se elaboraron la LOE en mayo de 2006 y la más polémica de todas, la LOMCE en 2013 también llamada Ley Wert, calificada como sectaria, discriminatoria y retrógrada.

Con solamente un voto más de los necesarios, la LOMLOE se ha convertido en la octava ley educativa de la democracia.

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Protestas

El pasado domingo 22 de noviembre fue una de las mayores manifestaciones (y no la última) en contra de la Ley Celaá. Miles de personas en coche o a pie, en más de treinta ciudades mostraron su rechazo a la Ley con banderas españolas, lazos, globos y pancartas naranjas donde se leían frases como “Sentido común” o “Stop ley Celaá”. La marcha contó con el apoyo de partidos políticos entre los que están PP, Vox o Ciudadanos además de otras organizaciones. Algunos de los presidentes de estos partidos se sumaron a la protesta en Madrid, como Pablo Casado, presidente del PP, además del alcalde de la capital y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, secundados por familias enteras afectadas por las nuevas normas. 

La plataforma ‘Más Plurales’, que reúne diversas organizaciones, asociaciones de padres y patronales educativas, ha recogido más de un millón de firmas contra la LOMLOE pidiendo la protección y la continuidad de la pluralidad de su sistema educativo actual, apoyándose en la diversidad de sociedad, la convivencia de las diferentes escuelas y la libertad de elección.

Los sindicatos, familias, alumnos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada se pusieron de manifiesto con el lema “por el derecho a elegir la educación que queremos”.

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Castellano como lengua vehicular

 

El castellano ha dejado de ser una lengua oficialmente referencial para el Estado. En la modificación del texto se ha suprimido tanto el concepto “vehicular” como la afirmación de que “el castellano es la lengua oficial del Estado”, lo cual ha generado numerosas discrepancias entre políticos.

 

Jose Miguel Letona, Jefe de Estudios y profesor de lengua castellana del colegio Sagrado Corazón Carmelitas, declara decepcionado: “el castellano es la segunda lengua más usada en el mundo y una de las más estudiadas de todo el planeta. Que el propio país ponga pegas para estudiarla me parece algo ridículo”. 

La nueva norma trajo disputas entre partidos políticos como PP, Vox y Ciudadanos puesto que incumple con lo escrito en el artículo tres de la Constitución Española en la que se establece que el castellano es la lengua oficial del Estado Español. Ahora, cada comunidad autónoma podrá escoger cuál es su lengua vehicular y aplicarla a la educación. 

 

Esta ley no implica en ningún caso la pérdida del estudio de la lengua española ni pretende desbancar el lugar que ocupa, sino que favorece el aprendizaje tanto de esta como de las cooficiales en algunas comunidades autónomas. El sistema educativo garantiza de esta manera el dominio pleno de dos lenguas, y no de una sobre la otra. El 73,9% de la población española rechaza esta medida. Entre ellos, el profesor Letona, que declara: “No considero que sea positivo quitar horas de estudio y dedicación a nuestra propia lengua para aprender otra”. Además, Letona se centra en las consecuencias laborales comentando: “Esto va a provocar

consecuencias laborales ya que habrá mucha gente que se quede sin puestos de trabajo por la pérdida de las horas que se dan para el castellano en comunidades autónomas con dos lenguas como en

Cataluña, País Vasco o Galicia”.

 

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Cambios en la educación especial

 

La LOMLOE ha provocado una serie de cambios en la educación especial y en los centros en los que se imparten ayudas para estas personas. En el texto aprobado por el Congreso de los Diputados se redacta que dentro de diez años los colegios ordinarios deberán disponer de el material y las medidas necesarias para el correcto aprendizaje de las personas con necesidades especiales. Los centros especializados servirán como referencia y ayuda para los colegios ordinarios.

 

Emilio Gallego, médico psiquiatra y padre de un chico con discapacidad del 71% y con una dependencia del 2,1 comenta: “Los colegios deben dotarse para atender a las necesidades de estos niños especiales, ya que si un niño con necesidades especiales acude a un centro público no especializado, los padres por su cuenta deberán encontrar de forma privada un logopeda, un fisioterapeuta o cualquier necesidad que pueda tener el hijo”. También presenta el problema del peligro del cierre de los centros especializados: “Los que protestan por esta ley son los padres y madres de niños con discapacidades para los que han creado unos centros especiales privados y que como consecuencia de la aprobación de la ley se vean sin ayudas y obligados a cerrar”. 

 

La ley rige que al inicio del curso se hará una evaluación y valoración por parte de profesionales sobre las necesidades de los alumnos y dependiendo de los resultados, la familia seleccionará en qué escuela educarán a sus hijos. Al final del curso se repetirá la evaluación y se determinará la escuela donde deberán permanecer el siguiente curso: si en una ordinaria o en una más especializada. Sólo podrán ir a los centros especializados aquellas personas que en los resultados se demuestre que necesitan gran ayuda para su desarrollo educativo.

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“Los niños discapacitados necesitan su espacio para ir a su propia velocidad. No podemos meter a un niño autista, por ejemplo, en una clase convencional porque necesita más recursos para entender las cosas, le molesta el ruido… Solo puede seguir el ritmo de aquellos compañeros que son iguales que él”, declara Concepción González, psicóloga de la Unidad de valoración y atención de personas con discapacidad. Concepción explica que el problema es de todos, ya que ni los niños especiales están preparados para integrarse, ni los demás están preparados para integrarles. “No se van a adaptar nunca a una clase convencional. Habría que bajar el nivel a toda la clase o subir el nivel del niño, que no lo va a alcanzar nunca”, confirma la psicóloga.

 

Este cambio puede provocar que los niños con necesidades educativas especiales destinados a colegios ordinarios sufran bullying por parte de sus compañeros y que no reciban la misma atención que en los colegios especializados. Por ello, esta ley preocupa a las familias que tienen hijos e hijas con discapacidad ya que pueden sufrir mucho en su etapa educativa. 

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Gallego comenta las dos caras de la moneda: “Es positivo incentivar la relación de los niños con necesidades especiales con los demás, pero cuando estos crecen y avanzan, los niños con problemas no siguen el mismo ritmo porque sus capacidades no lo permiten y se pueden quedar solos durante la adolescencia”. 

 

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Fin de las “donaciones obligatorias” de los colegios concertados

 

Las escuelas españolas se dividen generalmente según dos criterios básicos: administración y financiación. Dado este parámetro, existen colegios públicos, cuya administración y financiación es pública, colegios privados, cuya administración y financiación es privada, y colegios concertados. Los colegios concertados son instituciones creadas y administradas por empresas privadas cuya financiación es mixta: por una parte reciben subvenciones del Estado, por lo que la mayor parte de esta es pública, y por otra parte se sustentan de las cuotas que cobran a las familias del alumnado por distintos servicios. 

 

La LOMLOE ha prohibido expresamente a estos colegios percibir cuotas o donativos de las familias de los alumnos por recibir enseñanzas de carácter gratuito, imponer la obligación de realizar aportaciones a fundaciones, asociaciones, actividades extraescolares en horario escolar o cualquier otro tipo de servicio obligatorio que implique una implicación económica por parte de las familias. 

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El objetivo de la Ley Celaá con esto es garantizar las mismas posibilidades de escolarización sin discriminación por niveles socioeconómicos y defender la escuela pública, de manera que evita que se acumulen los más favorecidos en la concertada sostenida por fondos públicos y que se bloquee la entrada a alumnos sin recursos. “Los centros concertados han tenido siempre más privilegios y han podido invertir en material escolar y buenas instalaciones, mientras que los públicos siempre hemos sido la versión pobre” comenta Ricardo Bueno Bueno, profesor de ciclos de Formación Profesional en el instituto público leonés Giner de los Ríos. “ Esta medida equiparará las financiaciones y repartirá al alumnado de una manera más equitativa”.

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España es el sexto país con más segregación educativa según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid y el cuarto con más centros concertados en Europa después de Bélgica, Reino Unido y Malta, según la Eurostat.

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Aquellos defensores de la escuela concertada califican a la nueva ley como “profundamente intervencionista” ya que “promueve la restricción de derechos y libertades atentando contra la pluralidad del sistema educativo español, suprimiendo la libre elección de las familias”. Las familias siguen disponiendo de total libertad para elegir la educación que reciben sus hijos, pero se pretende que el proceso de admisión en estos centros sea más transparente mediante la implantación de un sistema de puntos por proximidad del domicilio o trabajo de los padres, renta y hermanos matriculados y no por otras prácticas. La ministra de educación, Isabel Celaá, defendió que la ley no persigue en ningún momento el cierre de los colegios concertados, privados o católicos. “Con la nueva forma de admisión de alumnos, se llenarán primero las plazas públicas y lo que sobre para la concertada. De esta manera no van a eliminar la educación concertada como tal, pero poco a poco van a hacer que desaparezca”, declara Purificación Prada, directora general del Equipo de Titularidad de los dieciséis centros educativos concertados “María Inmaculada”.

 

Otra de las principales críticas de este tipo de escuelas es la prohibición de ceder suelo público para la construcción de centros concertados, donde solo podrán construirse públicos. De esta manera se elimina el concepto de edificación por “demanda social” que amparaba la ley Wert, evitando así casos de construcción de edificios sin fines ni trayectoria educativa. Así sucedió por ejemplo en 2019, el Colegio Santa María La Blanca en Madrid, donde se edificó un gimnasio que funcionaba como negocio privado por las tardes en una zona sin polideportivo público y cuyos fines lucrativos fueron criticados. El real decreto por el que se aprobó, el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, prohibía que “las actividades escolares complementarias y de servicios” de estos centros tuvieran carácter “lucrativo”. El cambio de la norma en la ley actual evitará este tipo de situaciones.

 

El 60% de los colegios concertados no son de carácter laico, sino religioso, por lo que también les afecta la no evaluabilidad de la asignatura de religión, otro de los nuevos puntos de la ley.

La asignatura seguirá ofertándose, no va a desaparecer ni el Gobierno pretende que se deje de cursar, pero no contará para becas ni en el expediente académico. Tampoco contará con una asignatura espejo alternativa o de sustitución para los que no quieran escogerla. La ley recuerda que “el derecho de un estudiante a recibir formación religiosa no debe convertirse en una obligación para quienes no opten por esta formación, como impuso la LOMCE.”

Purificación Prada declaró que la formación en competencias religiosas debería ser “evaluable” porque los conocimientos que se enseñan, distinguiendo la parte creyente en la que hay que crecer y la parte de formación intelectual, son de “cultura general”.

“Aun así, lo peor de la ley no son las medidas que implanta, sino el enfrentamiento que está provocando, ya que nos está llevando a unas actitudes muy radicales de oposición que no favorece la convivencia ni el respeto entre unos y otros” concluye Prada.

 

Separación por sexos

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En España actualmente existen alrededor de 90 centros concertados, que separan a niñas y niños, una educación que para la gente que los apoya es llamada “diferenciada” y para los que están en contra “segregadora”. Según datos de la EFE desde las comunidades autónomas en el curso 2018-19, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana eran las comunidades con más centros de este tipo. Por el contrario, en Aragón, Canarias, Castilla- La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla no existen centros concertados que separen por sexo. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha informado en varias ocasiones que estos centros no cumplen con un principio básico de la educación como es la equidad.

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Este proyecto señala que su puesta en marcha es con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades, y promover la igualdad entre hombres y mujeres. Los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas  y que no separen al alumnado según su género u orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en el empleo de las previsiones recogidas en dicha ley.

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El pasado 29 de octubre de 2020, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, pusieron fin a la segregación por sexos en las escuelas financiadas con fondos públicos. Además esta modificación del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), considera la opción de retirar conciertos a aquellos centros que incidan en la separación por género de los alumnos, defendido este impedimento en la Ley de Igualdad. “Se terminó la segregación por sexos en las escuelas financiadas con fondos públicos. El bloque de Colón crispará e insultará, pero no nos devolverán al pasado”, afirma P. Iglesias.

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Desde la experiencia personal de Paula Jáuregui, ex alumna de un colegio concertado solo para chicas y actual alumna de la Universidad del País Vasco, cuenta que su colegio era bastante familiar, y que al ser de un solo sexo había más compenetración entre todas las alumnas de su único curso. Además, nos cuenta que en las charlas para ayudar a las alumnas a la hora de elegir carreras solían llevar a mujeres de diferentes ámbitos como una mujer científica, periodista, abogada, etc. Esto ayuda a conocer un poco más el marco de la mujer en el ámbito laboral y le daba esperanzas y fuerzas para poder llegar a lo que se proponga. Por otro lado, no se siente ni a favor ni en contra con el fin de la segregación por sexos en las escuelas financiadas con fondos públicos. “Me parece que en la sociedad tiene que haber sitio para todos, y creo que debe haber libertad para que cada uno estudie cómo quiera”, afirma Jáuregui.

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Este tema es bastante polémico ya que este tipo de financiación a los colegios de este tipo fue aprobada por el Tribunal Constitucional, sin embargo, varios magistrados anunciaron un voto particular a la sentencia al considerar que este tipo de educación viola artículos de la Constitución. Con esta ley, se contempla la opción de retirar conciertos a esos centros que incidan en la separación de sexos.

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Según Itziar Uriarte, profesora de alumnos con discapacidad en un colegio concertado, afirma que un centro tiene que tener como objetivo una acción educativa buscando en el alumno su desarrolloen todas sus dimensiones, fomentando la libertad, autonomía y responsabiliad de cada persona. Además, añade que tiene que responder a los restos educativos con actitud abierta y flexible, que a lo mejor en este caso sería más complicado de llevar a cabo debido a la dicha separación por sexos.

 

Protesta del OPUS

El pasado mes de octubre, diez escuelas asociadas al Opus que separan a sus alumnos por sexos presentaron una demanda ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra la decisión de la Consejería de Educación de no renovar los conciertos educativos con esos centros para los próximos seis años. Cada año, el coste de ayudar a estos colegios ascendía a unos 30 millones de euros.

Para que no se vean perjudicadas las familias que ya habían matriculado a sus hijos, el Gobierno decretó una prórroga de un año. 

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